Sumario
- Se trata del quinto mes consecutivo en que la organización establece cifras históricas, reflejo de un escenario marcado por la crisis sanitaria, la devastación tras el paso del huracán Melissa, el deterioro de los servicios esenciales, el hambre creciente y una profundización de la represión estatal.
Cuba registró en noviembre de 2025 un nuevo récord de protestas y acciones cívicas, con 1.326 incidentes documentados en todo el país por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).
Se trata del quinto mes consecutivo en que la organización establece cifras históricas, reflejo de un escenario marcado por la crisis sanitaria, la devastación tras el paso del huracán Melissa, el deterioro de los servicios esenciales, el hambre creciente y una profundización de la represión estatal.
Rolando Cartaya, especialista del OCC, explicó a Martí Noticias que el aumento de protestas está directamente vinculado al estallido epidemiológico que el gobierno tardó en reconocer.
“Esto está basado principalmente en las manifestaciones de indignación y de dolor de los cubanos por la crisis sanitaria que está viviendo el país, debido principalmente a que el gobierno no la atendió temprano. Esto empezó en Perico, Matanzas, alrededor de abril, y lo vinieron a reconocer como una epidemia ahora”, señaló.
Según el informe mensual, 928 de las protestas estuvieron relacionadas con derechos económicos y sociales, mientras que 398 se vincularon a derechos civiles y políticos. De estas últimas, 324 fueron desafíos directos al aparato represivo mediante cacerolazos, cortes de calles, protestas presenciales y críticas públicas abiertas.
La Salud Pública encabezó por primera vez todas las categorías, con 346 protestas, impulsadas por la expansión de enfermedades como dengue, chikungunya y oropouche, que según estimaciones habrían infectado a unos tres millones de personas. El OCC describe la respuesta oficial como un “genocidio silencioso”, al señalar la falta de fumigación, reactivos, medicamentos, oxígeno, personal médico y transparencia informativa.
Cartaya subrayó que esta situación se agravó por la falta de inversión estatal en el sistema sanitario.
“Lo hemos considerado un genocidio silencioso porque el gobierno no invierte del dinero que sabemos que tienen los militares, miles de millones de dólares, en la salud. Lo que se invierte en salud es una parte mínima comparada con lo que se invierte en los hoteles. Así el país no estaba preparado: no había reactivos, no había una dipirona, no había un antiinflamatorio, ni siquiera había médicos porque los dedican a exportar”, afirmó.
La devastación causada por el huracán Melissa fue la segunda gran fuente de conflicto. Semanas después, miles de damnificados continúan sin electricidad, agua, alimentos ni techos temporales, situación que generó 138 protestas relacionadas con servicios básicos. Zonas orientales experimentaron apagones de hasta 20 horas y comunidades que acumularon más de 20 días sin corriente ni agua.
El informe destaca la respuesta de la sociedad civil: iglesias, proyectos comunitarios, artistas, emprendedores privados y emigrados enviaron agua, alimentos, ropa, colchones y hasta viviendas prefabricadas a las familias afectadas.
En el ámbito de la alimentación y la inflación, 134 protestas denunciaron hambre generalizada, retrasos en la canasta básica y precios inalcanzables. La inseguridad ciudadana aumentó notablemente, con 104 incidentes documentados.
El OCC registróademás 74 actos represivos contra activistas, periodistas independientes, intelectuales, ciudadanos que protestaban por servicios básicos y presos políticos. Entre los casos más graves figura el del prisionero del 11 de julio, Yosvany Rosell García Caso, quien estuvo 40 días en huelga de hambre.